Visitar las páginas web de la UCS y la CRG (u otras afines que podáis encontrar) para: elegir alguna noticia o intervención o denuncia que os llame la atención entre las que mencionan y explicar brevemente de qué se trata y hacer un breve comentario al respecto.
La Union of
Concerned Scientists nació en 1969 de la mano de un grupo de científicos y
estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts con el fin de abogar
por una investigación científica que se alejara de las tecnologías militares y
se dedicara a solucionar problemas sociales y ambientales. Esta organización,
que agrupa a miembros de la comunidad científica y a ciudadanos, sigue
manteniendo la misma visión y se rige, según recoge su página web, por los valores
de la ciencia, la democracia, la justicia, la integridad y la acción.
Su labor se
estructura en cinco programas: clima y energía,
alimentación y medio ambiente, transporte limpio, ciencia y democracia y seguridad mundial.
Lleva a cabo una función de divulgación científica con el objetivo de que la
ciudadanía pueda tomar decisiones informadas y reúne en su web gran cantidad de
material que incluye informes,
un blog, vídeos y podcasts e incluso
lo que denominan «recursos para activistas»: colecciones que van desde argumentarios para combatir la
desinformación sobre la covid-19 a recomendaciones para hacer compras más
sostenibles o resúmenes sobre la posición de candidatos políticos sobre
determinados temas.
El trabajo de
divulgación se combina con una faceta activista de defensa de la ciencia y de
los valores que promueven con el fin de influir en las decisiones políticas. Por
ejemplo, la UCS organiza campañas para que la ciudadanía pida a sus estamentos
gubernamentales la aprobación de leyes para el uso de energías renovables.
De entre todas sus iniciativas, me han llamado
especialmente la atención el Science Protection Project. Esta iniciativa pretende proteger a los científicos que
trabajan en agencias federales frente a presiones políticas encaminadas a
ocultar o modificar resultados científicos opuestos a determinados intereses
políticos o económicos. Además, extiende la protección jurídica a cualquier
empleado federal que desee denunciar cualquier uso inapropiado de la ciencia en
este ámbito. Este programa se enmarca en la idea de que, aunque para tomar una
decisión política se tienen en cuenta otros factores además de la evidencia científica,
para que la decisión esté fundamentada hay que valorar esa base científica, que
debe ser ajena a cualquier tipo de interferencia por intereses ajenos a la
ciencia. Es una defensa de la integridad científica al servicio de los
intereses de la sociedad.
Esta última línea de trabajo de la UCS entronca con una reciente
iniciativa impulsada en España, Ciencia en el Parlamento que, según recoge su página web, «es una iniciativa
ciudadana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el
conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la
formulación de propuestas políticas. #CienciaenelParlamento promueve una
cultura política cercana a la ciencia y potenciar una actividad científica
centrada en las necesidades de la sociedad».
En el contexto europeo encontramos también diversas redes u
organizaciones que trabajan en la misma línea, como la francesa Sciences Citoyennes, la suiza Critical Scientists Switzerland,
la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental o la británica GeneWatch.
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