Derecho espacial

 

En la novela Del revés, Verne nos presenta una nueva aventura del Gun Club. Esta vez, los aguerridos protagonistas de De la Tierra a la Luna deciden montar una empresa y con la ayuda de una millonaria de Baltimore compran las tierras inexploradas del Ártico para explotar su hulla. ¿Y cómo piensan conseguir tal hazaña en suelo permanentemente helado? Nada más y nada menos que cambiando el eje de la Tierra para que el Sol les ayude a derretir el hielo.

El pasado diciembre, la periodista Isabel Troytiño hizo uno de esos clásicos repasos a lo más destacado del año, en este caso en el campo de la astronomía, en un artículo que tituló «Despegue acelerado del turismo y las misiones espaciales». Aunque seguramente el hito más importante de 2021 sea el lanzamiento del telescopio más potente de la historia (no exento de polémica por el nombre elegido), pocos meses antes otro hecho había acaparado todas las portadas: el primer vuelo espacial tripulado por turistas, no por astronautas.  El sector privado, abanderado por los billonarios Musk, Bezos y Branson, se ha lanzado a conquistar el espacio con proyectos de turismo para los más pudientes y todo tipo de servicios por satélite, desde internet a sistemas de navegación. Estas iniciativas están provocando ya problemas en forma de basura espacial que genera contaminación lumínica, dificulta las observaciones astronómicas y ha llegado a interferir con la actividad de la Estación Espacial Internacional. SpaceX tiene incluso un programa para llegar a Marte y fundar colonias allí.

Ante este panorama, una se pregunta si no hay ninguna legislación que regule todo esto: ¿cualquier que tenga suficiente dinero puede mandar al espacio lo que le apetezca o a quien le apetezca? ¿Y los criterios científicos, la cooperación internacional y la búsqueda de conocimientos al servicio de la humanidad? ¿Acaso vivimos en una novela de Verne? En realidad, sí que existe un marco normativo, del que se ocupa la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, que ha promovido ya cinco tratados internacionales y cinco conjuntos de principios rectores.

 

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre este tema, la última de ellas en 2013. En ella, reconoce que «en vista de la creciente participación de entidades no gubernamentales en las actividades espaciales, es preciso adoptar medidas adecuadas a nivel nacional, en particular en lo que respecta a la autorización y supervisión de las actividades espaciales no gubernamentales» y hace una serie de recomendaciones sobre la legislación nacional relativa a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Parece que normas, como las meigas, haberlas haylas.